Gina Romero publicó junto a la CIDH y la CADHP una Declaración Conjunta sobre la creciente criminalización global de la protesta y las personas defensoras de derechos humanos.

El 17 de septiembre de 2025, en el marco del Día Internacional de la Democracia, junto con el Relator Especial sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comisionada Relatora para los Defensores de los Derechos Humanos de la CIDH, y el Relator Especial sobre los Defensores de los Derechos Humanos y punto focal sobre represalias en África de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), publiqué una nueva Declaración Conjunta sobre la protección de las libertades de reunión pacífica y de asociación frente a la criminalización en medio de amenazas existenciales intensificadas.

Una ola global de criminalización tras el ciclo electoral 2024-2025

La Declaración documenta cómo, tras el ciclo de “superelecciones” de 2024-2025, la criminalización del activismo político y cívico se profundizó en buena parte del mundo, mientras la gobernanza democrática retrocedía. Miles de personas defensoras de derechos humanos han sido detenidas arbitrariamente, deportadas, forzadas al exilio o sometidas a sanciones económicas ilegales, mientras decenas de asociaciones han sido disueltas o desfinanciadas.

Principios para frenar la criminalización

La Declaración fija 29 principios y recomendaciones dirigidos a Estados, empresas, la comunidad internacional y organismos como el GAFI. Entre los puntos centrales:

• La naturaleza pacífica de una reunión debe presumirse; la violencia de unos pocos participantes no puede atribuirse a toda la asamblea.
• Las leyes vagas o excesivamente amplias sobre terrorismo, “agentes extranjeros” o lavado de activos no pueden servir de base para restringir estos derechos.
• La detención preventiva o el encarcelamiento como castigo por el ejercicio legítimo de estas libertades constituye privación arbitraria de la libertad.
• Los Estados deben proteger a las personas activistas de la represión transnacional, incluida la deportación, la extradición indebida y las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP).

Por qué esta Declaración sigue siendo relevante

La estigmatización, la criminalización y la falta de rendición de cuentas se refuerzan mutuamente y generan un efecto disuasorio profundo sobre la participación democrática. Frenar esta tendencia exige que los Estados traten a la sociedad civil como socia, no como amenaza.

Descarga la Declaración Conjunta completa aquí.