
Hace unos días estuve en Caracas en mi primera visita no oficial al país como Relatora. Tuve el gran privilegio de conocer de primera mano vivencias y análisis sobre el ejercicio de derechos y libertades en el país. Como decía en una publicación reciente, siempre me maravilla e inspira la resiliencia y valentía de la sociedad civil venezolana.
Sin duda las historias más desgarradoras fueron las de quienes han perdido a sus hijos en protestas y las de presos/as por motivos políticos y sus familias. Es alarmante el que haya aún cientos de personas detenidas por el ejercicio de sus derechos y libertades, en especial los de participación ciudadana y política, así como los malos tratos a los que muchos/as son aún sometidos/as. Todos/as deben ser liberados sin condiciones. Es positivo que muchas hayan sido liberadas pero aún no pueden retomar sus vidas por los regímenes de notificación y porque aún sus casos no han sido cerrados.
Las organizaciones de la sociedad civil siguen viviendo muchos obstáculos para su labor, desde la parálisis del reconocimiento legal (debido a la ley de Fiscalización de ONGs que eliminó de un tajo a miles de organizaciones y desincentiva la asociatividad en general) hasta la estigmatización que viven, que hace peligroso el reconocimiento público de su labor de defensa de DDHH. El acceso a recursos se ha dificultado y la acción colectiva se ha vuelto tortuosa, en especial por la persecusión que permiten leyes mal intencionadas como la de fiscalización o la de odio. Esto afecta a todo tipo de asociaciones, incluyendo las religiosas, y de forma desproporcionada a asociaciones pequeñas, de pueblos indígenas y de personas con discapacidad.
De igual manera, la acción sindical es gravemente obstruida, no sólo por las injerencias indebidas del estado en los sindicatos, también por las retaliaciones que intentan vaciar y amedrentar el trabajo sindical y la huelga (como la congelación de salarios o las jubilaciones anticipadas), tan necesario en un contexto de profunda precariedad laboral y de ingresos.
Es alentador ver que la movilización ciudadana y las protestas han aumentado este año, eso no sólo indica que la gente tiene un renovado impetu, pero también que las necesidades apremiantes de la ciudadanía siguen requiriendo atención (en especial los DESCA que tienen una desprotección radical).
Es positivo que las instituciones estén mostrando más apertura a la sociedad civil y comunidad internacional (logré reunirme con la Defensora del Pueblo) pero se requieren resultados concretos de su acción y de la voluntad real de cambio. Esto es difícil de ver cuando son los mismos actores de antes los que siguen en el poder, lo cual no facilita la lucha contra la impunidad por violaciones a DDHH en el pasado, ni las garantías de no repetición.
Pronto deberíamos poder ver si en realidad el TSJ podrá constituirse con pluralidad y si se respeta su conformación; y los avances hacia la constitución de instituciones electorales independientes y la posibilidad de que florezcan los partidos políticos también debe hacerse con celeridad. Estas y otras medidas nos podrán mostrar si el aparato represivo se logra desmantelar y si la democratización está realmente en camino. En todo caso, cualquier proceso de trancisión real que empiece, debe tener participación amplia de asociaciones independientes, civiles y políticas, incluyendo a las de víctimas (que deben ser reconocidas y protegidas).
El anhelo de cambio de la sociedad venezolana sin duda viene de la mano de un llamado a que la autodeterminación del pueblo sea respetada. Es la gente, los y las venezolanos/as, quienes deben determinar el presente y futuro del país. Nadie más.